·         El inmueble carece de diversas normas de seguridad y sanidad

Por encontrar diversas irregularidades sanitarias y de protección civil, fue suspendido de sus funciones el centro de rehabilitación denominado “Instituto Diamantes Pulidos”, que se ubica en el municipio de Yauhquemehcan, durante el operativo interinstitucional que encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Estas acciones tienen como finalidad inhibir, combatir y prevenir diversos delitos: trata de personas, portación ilegal de armas de fuego, drogas, mandamientos judiciales o cualquier conducta ilícita.

Por ello, a las 21:00 horas del 15 de abril las diferentes corporaciones policiacas  encabezadas por la Procuradora Alicia Fragoso Sánchez  se constituyeron en el centro de rehabilitación denominado “Instituto Diamantes Pulidos”, que se ubica en calle Claveles, número 13, fraccionamiento Ahuastla, en la población de San Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemehcan.

Posteriormente, el inmueble se revisó física y administrativamente, además fueron inspeccionados 22 hombres y una mujer que se encontraban anexados, y tres responsables del lugar, con el objetivo de constatar que no portaran drogas, armas o tuvieran mandamientos judiciales, empero no se detectó alguna irregularidad.

En tanto, el personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y de  la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), colocaron sus sellos de suspensión de labores al corroborar que el centro carece de documentación, violó diversas normas sanitarias y presentó diversas irregularidades en materia de seguridad.

Ante esta situación, los internos fueron trasladados a sus domicilios por los agentes de la Policía Ministerial y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) al tiempo que informaron a sus parientes el motivo del regreso de sus consanguíneos.

En este operativo participaron elementos de la Policía Ministerial y Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), de la Procuraduría General de la República (PGR), efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspe), de la Policía Federal, así como trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud (Sesa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).