El coordinador nacional de la corriente perredista Foro Nuevo Sol, Vladimir Aguilar García, dio a conocer el arranque de la campaña en Tlaxcala para recabar firmas que soporten la petición de una consulta popular sobre la Reforma Energética, por considerar que es lesiva a los intereses de los mexicanos.

El también secretario de Planeación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que antes del 15 de septiembre la meta en el estado es recolectar por lo menos 50 mil rúbricas, las cuales se sumarán a las del todo el país para lograr 2.5 millones de firmas y soportar la solicitud.

Explicó que independientemente de que el Congreso de la Unión en breve emita los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma petrolera y de energía eléctrica, el PRD inició un ejercicio formal para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valore las firmas y se pronuncie sobre si la consulta popular es viable derivado de que se trata de un tema de trascendencia e interés nacional.

La Ley Federal de Consulta Popular, dijo, solicita que la pida el dos por ciento de los integrantes de la Lista Nominal del país, cuyas signaturas serán validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y de ahí comparecer ante la SCJN, que “en caso de que se pronuncie en contra, estaremos en un claro estado de indefensión”.

Aguilar García mencionó que la campaña no solo la llevarán a cabo los comités estatales y municipales del PRD en toda la República Mexicana mediante la instalación de módulos, sino que se pretende involucrar a sindicatos, agrupaciones de la sociedad civil, estudiantes y otros sectores.

La campaña gráfica de difusión señala: “El petróleo es de todos. A mí no me preguntaron, ¿y a ti?”.

Por lo demás, el político aseguró que existe mucha desinformación entre la sociedad sobre la Reforma Energética, dado que es esencialmente privatizadora de las ganancias petroleras y eléctricas a favor de capitales extranjeros que provocarán que el presupuesto federal se reduzca, en virtud de lo cual “solo quedan dos caminos: cobrar por los servicios como educación, salud y energía, o bien, reducir la prestación de los mismos. En cualquier escenario representa una grave afectación a los mexicanos”.