La caravana de migrantes por el diálogo y el libre tránsito en el país, llegó este martes a Apizaco procedente de Oaxaca compuesta por 120 ciudadanos centroamericanos y mexicanos, encabezados por el sacerdote activista, Alejandro Solalinde, cuya demanda a los gobiernos federal, estatales y municipales, es garantizar seguridad y poner un alto a los abusos de la propia autoridad, así como las extorsiones, robos, violaciones y asesinatos de que son víctimas por parte de grupos delincuenciales en su recorrido rumbo a Estados Unidos.

Particularmente, la Pastoral de Migración de la Diócesis de Tlaxcala, en conjunto con el Colectivo “Por una migración sin fronteras” – integrado por varias organizaciones sociales –, a través del responsable de la Casa del Migrante “La Sagrada Familia”, Elías Dávila Espinoza, demandó que en base al respeto a la Constitución federal y tratados internacionales de derechos humanos, los tres niveles de gobierno garanticen seguridad de migrantes en tránsito, además de que en uso de sus facultades retiren de inmediato las barreras que por un tramo de un kilómetro la empresa Ferrosur colocó desde hace dos años en las vías que cruzan la Ciudad Modelo, las cuales ponen en riesgo la integridad física de los viajantes en los vagones.

Y es que de acuerdo con Dávila Espinoza, de enero a la fecha han cruzado por Apizaco unos mil 500 indocumentados centroamericanos y de ellos el 60 por ciento ha sufrido algún tipo de lesión al intentar descender de “La bestia”, pero que se han impactado en los durmientes colocados a un costado de las vías.

La caravana por el diálogo arribó este día a las 9:00 de la mañana a la Colonia Ferrocarrilera y sus integrantes realizaron una caminata sobre las vías del tren en medio de consignas en contra de las barreras, acompañados por los activistas del Colectivo tlaxcalteca y el diputado local presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, el perredista Santiago Sesín Maldonado.

Luego en la Casa del Migrante, algunos ciudadanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que intentan llegar a Estados Unidos dieron testimonio de los riesgos y vejaciones que viven a diario en su trayecto desde sus países de origen – de los que tienen que salir por extrema pobreza o persecuciones políticas –, con la voz unánime de que el Gobierno mexicano se sensibilice y les permita transitar con seguridad “porque no venimos por necesidad, somos seres humanos y tenemos derechos”, manifestó la hondureña Paola Quiñónez.

Otros como Osvaldo Urbina de Honduras, Gonzálo González de Gutemala, su compatriota Barbie Montenegro y José Luis Molina y Luis Marroquín de El Salvador, coincidieron en que los migrantes no se van a detener porque Centroamérica se encuentra devastada y necesitan de la solidaridad de un país hermano contra la voracidad de sus autoridades de migración y policiales, además de que es necesario que no solo la sociedad civil salgan en defensa de ellos, sino el Estado particularmente.

Por su parte, “Padre Solalinde” defensor de migrantes, lamentó que el Estado mexicano haya fallado en la observancia de las disposiciones que establece la reforma al artículo primero constitucional efectuada el 11 de junio de 2011, que señala la garantía del principio pro homine, ya que en su trayecto desde sus países de origen en Centroamérica los migrantes sufren todo tipo de vejaciones incluso por las autoridades municipales, estatales y federales.