Con la finalidad de garantizar la sana y segura diversión de las personas que acuden a distintos centros de entretenimiento, fueron suspendidos de sus funciones dos bares y una tienda por diversas irregularidades sanitarias y de seguridad, durante un operativo interinstitucional que se ejecutó en el municipio de Zacatelco.

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Para esta acción, las autoridades estatales y federales encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) conformaron dos contingentes, que se trasladaron en primera instancia a la esquina que forman la calle Morelos y la carretera federal Tlaxcala-Puebla, específicamente al establecimiento denominado “Choperia”.

Luego de la inspección, el bar fue suspendido de sus funciones por personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coepris) por encontrar diversas irregularidades sanitarias e incumplir con la normatividad de la ley del tabaco vigente en el estado, en tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepc) hizo lo propio por falta de documentación.

Simultáneamente, la célula dos se situó en el inmueble denominado “Faraón”, el cual tras la revisión fue clausurado por no contar con medidas de seguridad y violar diferentes normas sanitarias.

Posteriormente, ambos grupos inspeccionaron la tienda “Xtra FR” que está instalada sobre carretera federal Tlaxcala-Puebla, frente al parque municipal, la cual fue suspendida por no contar con aviso de funcionamiento, violación a la Ley del Tabaco, irregularidades físico sanitarias, producto caduco y faltas de medidas de seguridad.

En las inmediaciones de los dos bares y la tienda, los agentes de la policía ministerial revisaron 20 vehículos estacionados, a fin de constatar que no contaran con reporte de robo vigente, en ningún caso se presentó alguna irregularidad.

En esa acción conjunta que inició a las 23:00 horas del 20 de junio y concluyó a las 03:30 horas del día siguiente, participaron elementos de la policía ministerial y agentes del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Procuraduría General de la República (PGR), efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspe), de la Policía Federal, así como trabajadores de la Coordinacióxn Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud (Sesa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).