Debido a que perdían más ante los operativos realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), 40 mototaxistas del municipio de Papalotla decidieron “voluntariamente” entregar este miércoles sus unidades al Gobierno del Estado, el cual a su vez cubrirá una parte del valor de los vehículos para que los propietarios puedan invertirlo en otra actividad dentro de la legalida.

Alrededor del mediodía, los mototaxis pertenecientes a la organización “Unión y Fuerza de Papalotla” fueron estacionados frene a Palacio de Gobierno, donde policías estatales y ministeriales se encargaron de revisarlos y asegurarlos.

El secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carera, y la titular de la SECTE, Gisela Santacruz Santacruz, recorrieron la plaza para verificar la entrega y el primero informó que este acuerdo se dio en virtud de que los conductores aceptaron ya no operar al margen de la Ley, pues eso iba en detrimento de su patrimonio y sus familias.

“El compromiso de la presente administración es cubrir una parte del valor de los vehículos. Por su parte, los propietarios ofrecen invertir el recurso en una actividad que contribuya a mejorar su calidad de vida, en el marco de la Ley”.

Eso sí, advirtió que a partir de este jueves arrancarán operativos “en todo el estado” contra mototaxistas “que no se acogieron a este beneficio (…)” para sacarlos de circulación, toda vez que su figura no está normada como transporte colectivo de pasajeros.

Por su parte, la lideresa de la agrupación, Mariela Pérez Rojano, aseveró que todavía falta determinar cuánto recibirá cada mototaxista por su unidad que está valuada en 50 mil pesos, y que la decisión fue personal debido a que perdían más económicamente cuando eran detenidos por la policía, que si continuaban brindando el servicio.

Dijo desconocer cuántos mototaxis más continúan en circulación en los municipios de la zona sur de la entidad.

De manera extraoficial, se conoció que el líder de la Coordinadora Estatal del Transporte Público, Indalecio Saucedo Sánchez, habría presionado e incluso intimidado a los mototaxistas para que aceptaran el acuerdo con el Gobierno del Estado, debido a que no convenía a sus intereses empresariales.