Cuentas bancarias por una suma de 493 mil pesos, fueron congeladas el lunes al Ayuntamiento de Chiautempan por una orden de la justicia federal, a fin de garantizar el pago de tres laudos laborales a favor de igual número de exfuncionarios de primer nivel de la comuna durante la gestión de Ricardo Montiel Hernańdez que en conjunto representan casi tres millones de pesos.

Lo anterior mantendrá suspendidos diversos pagos a proveedores y obligará a hacer una revisión de la nómina para reducirla, advirtió el alcalde Antonio Mendoza Romero.

En entrevista, explicó que la resolución ni siquiera se procesó por parte de alguna autoridad judicial de Tlaxcala, sino que vino directamente de nivel federal, por lo que no descartó que detrás de ello esté «algún funcionario» interesado en embargar lo que se pueda de la administración, el referencia a la síndico Belén Vega Ahuactzin, hija del diputado federal Humberto Vega.

Precisó que las cuentas involucradas son de recursos propios, del Ramo 23 y GIM Programas, todos ellos para las comunidades; sin embargo, adelantó que el Ayuntamiento podría litigar el asunto pues el financiamiento público «es inembargable», o bien, negociar con los tres demandantes para que acepten terminar el pleito por la cantidad congelada.

En todo caso, aseveró, los apoyos económicos que se iban a dar a las comunidades para las fiestas patrias, así como a instituciones educativas y religiosas, tendrán que esperar.

En otra información y luego de los hechos violentos en la comunidad de Texcacoac donde un pleito familiar terminó en el asesinato de un joven, el Cabildo de Chiautempan acordó solicitar el apoyo de la Secretaría de Gobierno para instalar módulos de vigilancia en esa población, así como en El Alto y en Reforma, consideradas de riesgo por una concentración poblacional de 10 mil personas cada una.

Asimismo, enlazar los radios de comunicación de todos los presidentes de comunidad con los de la Direccion de Seguridad Pública para una rápida respuesta; además de llevar a cabo una intensa campaña de concientización de seis meses, a efecto de que los propietarios de tiendas de abarrotes no permitan el consumo de alcohol en sus establecimientos para evitar problemas entre los bebedores.

«Aunque el bando de policía y buen gobierno impide que se consuman bebidas alcohólicas en las tiendas, es una costumbre bien arraigada en el municipio, por lo que en lugar de aplicar la norma a rajatabla, queremos concientizar aunque nos lleve más tiempo, pero una vez que pasen los seis meses la policía ya podrá inhibir esa práctica», indicó.