De las mil 549 mujeres identificadas como víctimas de trata de personas en el país en este año, 148 son tlaxcaltecas, es decir el 9.4 por ciento, lo que coloca a Tlaxcala en el tercer lugar nacional en ese rubro solo por debajo de Chiapas y el Distrito Federal, según el Diagnóstico de Trata de Personas en México 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante ello, la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas en Tlaxcala, advirtió que aunque el Estado cuenta con políticas públicas en la Estrategia y Plan Sexenal contra la Trata de Personas, éstas se aplican de manera “mínima y no están atacando de raíz el problema”, el cual ha crecido en su práctica en 35 municipios del estado.

Miembros de las organizaciones no gubernamentales que apoyan la Iniciativa Popular, entre ellas el Colectivo contra la Trata de Personas en México, Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, Campaña por la Digna Libertad y Colectivo Migraciones para las Américas, presentaron los resultados de un diagnóstico para “conocer la percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual en el estado de Tlaxcala y en su sus municipios”, el cual levantaron a partir la aplicación de 780 encuestas en 26 demarcaciones.

De ellos, se desprende que sobre todos los municipios por donde cruza la Vía Corta Santa Ana Chiautempan – Puebla, desde San Pablo del Monte hasta la ciudad de Apizaco, se ha convertido en un corredor de prostitución.

El 85 por ciento de las personas encuestadas reconoce en el estado la existencia de la trata de mujeres, niñas y la explotación sexual, además de que en los municipios donde se trabajó el diagnóstico hay prácticas de ese delito, entre ellos también se encuentran Amaxac, Panotla, Yauhquemehcan, Xicohtzinco, entre otros.

De 2008 a la fecha, esa conducta criminal se ha expandido en un 34 por ciento y las denuncias han pasado de 57 a 171, pero el Miniserio Público solo ha logrado siete sentencias condenatorias y una absolución, lo que evidencia que hay una eficiencia del tres por ciento y que no hay justicia para las víctimas, las cuales se mantienen en situación de vulnerabilidad  por ello.

Por ello, la Iniciativa Popular urgió a las autoridades estatales “a que cada una de las acciones que se desarrollen contra ese mal social sean con transparencia, rendición de cuentas, asignación presupuestal y encausadas a la prevención atención, persecución, sanción y reparación del daño de las víctimas y sus familias”.

Asimismo, implementar mecanismos que brinden protección y atención integral a las víctimas en espacios adecuados y seguros que permitan su recuperación y reintegración social, y que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) garantice la justicia pronta y expedita a las víctimas, que de 2000 a 2013 han presentado 304 denuncias.

Finalmente, “las organizaciones aquí firmantes, reprobamos que el Gobierno estatal simule acciones tendientes a minimizar la problemática en la región, a través de legislaciones y políticas públicas que han sido ignoradas”.