Accionistas y permisionarios inconformes con la administración que se lleva a cabo en la empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala (USU), anunciaron que emprenderán acciones legales en contra  los presuntos actos fraudulentos llevados a cabo por los hermano José Antonio y Víctor Manuel Martínez Lozano, expresidente y presidente del Consejo de Administración, respectivamente.

En un desplegado publicado en un medio impreso de circulación estatal firmado por David Pérez Olivares, integrante de la comisión de inconformes, solicitaron «la intervención y apoyo de las autoridades competentes para agilizar los trámites correspondientes y proteger a los socios y permisionarios que queremos actuar con honestidad conforme a la Ley, para brindar un buen servicio a la ciudadanía».

Aunque no precisan qué tipo de acciones legales han iniciado, resumieron los presumibles fraudes en que han incurrido los hermanos Martínez Lozano durante 12 años al frente de la empresa, entre ellos el adeudo de más de 16 millones de pesos con el Seguro Social por concepto de pago de cuotas patronales, que causó el embargo de 129 unidades del servicio publico en mayo pasado, pero cuyo peligro sigue latente porque el pasivo no se ha cubierto a la institución.

Además, acusaron el despojo de dos inmuebles, uno cedido al padre de los directivos, José Antonio Martínez Amador, y el otro embargado también por el IMSS, «situación que ha llevado al borde de la quiebra a la empresa USU S.A. de C.V., y todo lo anterior con consentimiento del comisario de esta empresa».

El desplegado está dirigido al gobernador Mariano González Zarur, así como a la secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Gisela Santacruz.

Hace unas semanas, 38 socios y permisionarios ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer su decisión de separarse de USU y formar la empresa de transportes Tlahuicole, aunque solo contaban en ese momento con permisos provisionales para dar el servicio en la ciudad de Tlaxcala y sus alrededores.