Las imágenes que ahora son parte de lo cotidiano, de la “normalidad” nacional –espero que no sea considerada parte de la cultura mexicana, como el caso de la corrupción-, fotografías y videos, reflejan 3 hechos que nos llenan de vergüenza colectiva: descomposición del tejido social, complicidad de las autoridades encargadas de garantizar el orden y, por desgracia, el aumento desmedido de la impunidad.

Los medios de comunicación, las redes sociales nos han hecho partícipes de eventos que revelan alteración social, dolor, así como la insospechada capacidad del ser humano para lastimar con crueldad, matar y, literal, desaparecer todo tipo de rastro de vida.

Víctimas y afectados presentan la crudeza de la debilidad institucional, que dan espacio para la frustración, el rencor y la posible venganza social. Ante un Estado débil o ausente, la impunidad se hace presente y la víctima es la legalidad.

Todos estos acontecimientos reflejan una crisis de derechos humanos. Diría una colega priísta, “lo que se ve, no se pregunta”. Contundentes y elocuentes palabras que invitan a la reflexión y a la pronta acción.

Es grave dar cuenta de múltiple fosas con restos humanos que, lo mencionan con alivio, no pertenecen a los 43 normalistas.   Pero es más grave el deslinde de las autoridades de estos hechos ilícitos y que no se sepa quiénes son ni de dónde eran. Identidades desconocidas, historias perdidas en la vorágine de la impunidad.

Es grave la denuncia pública de un medio de comunicación ante la probable comisión de un delito por la contratación de servicios sexuales con recursos públicos o propios. Pero es más grave comprobar que las autoridades, sean administrativas o penales, se “tiran la bolita” y no asumen sus responsabilidades ante violaciones evidentes de los derechos humanos.

Es grave la agresión a un Senador de la República o el vandalismo a la Puerta de Palacio Nacional. Pero es más grave que con imágenes contundentes, no se tengan detenidos a los responsables de esos hechos delictivos. Existe permiso de la autoridad.

Hoy, en el plano social, los mexicanos nos encontramos divididos, enojados y con impotencia. Hay quienes, en su legítimo derecho, deciden apartarse y anhelan no ser parte de daños colaterales o afectados de los delitos.

Otros, desde el hartazgo e indignación por la incapacidad del Gobierno Federal y la complicidad de las autoridades estatales y municipales, claman justicia. Ellos han perdido la confianza en las instituciones.

Hay otro grupo que aprovecha la coyuntura para descalificar, destruir, dañar, actuar desde la ignorancia o el dolo. Ellos también han perdido la confianza en las instituciones, pero obtienen beneficios particulares.

El dolor, la indignación y la protesta no pueden ser pretexto para destruir, denigrar ni robar, eso, sencillamente, es vandalismo.

Y estamos los que tenemos convicción plena primero, de reconocer la existencia de un problema; segundo, atender, escuchar y tomar decisiones, y tercero, buscamos fortalecer las instituciones.

En este complejo, difícil y crispado marco social, las Senadoras y los Senadores estamos hoy convocados a discutir y votar la terna para elegir a la o el titular de la CNDH.

La deliberación y votación para elegir al próximo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa una alta y grave responsabilidad legislativa, porque se requiere fortalecer a la institución, para que sea sólida y dé certeza con sus acciones.

No sólo la persona que encabece este órgano tiene sobre sí una gran responsabilidad. En el Senado de la República también debemos ser responsables, porque nuestra decisión debe contribuir a terminar con todo aquello a lo que se ha sido omiso en materia de derechos humanos.

Por eso es que el proceso de selección ha sido complicado desde la emisión de la convocatoria, las interpretaciones legales y la construcción de un acuerdo parlamentario que permitiera una consulta pública, un método específico y ciertos criterios de evaluación.

Debe quedar claro que se evaluaron perfiles, conocimientos y trayectorias de todos aquellos que decidieron participar y cumplieron, cabalmente, con los requisitos.

Hago un reconocimiento a las y los candidatos que participaron, pues las comparecencias enriquecieron nuestra visión. Las Audiencias Públicas nos aportaron elementos significativos, más allá del ámbito legislativo, y nos permitieron acercamientos con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Aprovecho el espacio para reconocer y agradecer la participación de valiosos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que, sin duda, con su activismo permanente, han dado seguimiento al proceso.

Sin duda aún existirán diversas visiones y demandas, pero en la medida de lo posible, fueron escuchadas sus voces. Cada uno, desde su espacio y competencia, busca que la CNDH garantice precisamente los derechos humanos de las víctimas que han visto vulnerada su integridad, su dignidad.

Destaco la responsabilidad del servicio público con el que habrá de conducirse aquella o aquel que obtenga el número de votos suficientes por parte de esta Soberanía, así como la responsabilidad y compromiso de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí.

Recuperar la confianza de los ciudadanos, de las víctimas, de la sociedad en su conjunto, debe ser prioritario. Debe reconocerse que no se ha hecho lo suficiente desde la reforma constitucional del 2011.

La CNDH debe ser una institución capaz de dar respuesta a cada una de las situaciones que han vulnerado los derechos humanos en México. No es posible que organismos internacionales señalen cada vez más observaciones en esta materia. Ello indica que hemos sido rebasados por la crisis de derechos humanos en la que vivimos.

Hay que tener certeza y confianza en las instituciones al interior, para mejorar la imagen en materia de derechos humanos al exterior.

En los procesos de deliberación democrática, con sensibilidad se atendió la necesidad de oxigenar a la institución y se optó por el cambio.

La CNDH no arranca de cero. Hay trecho recorrido, camino construido. No descalificaremos. En todo caso, rescatamos los aspectos positivos de la administración saliente.

Y me permito destacar la plataforma mínima para recuperar la confianza de los ciudadanos: lo primero es la atención oportuna y permanente de los que han sido afectados en sus derechos humanos.

Lo segundo es el establecimiento del Estado de Derecho. La defensa y protección de los derechos humanos solo es posible cuando se respeta la ley, sin simulaciones. Con trabajo preventivo, se respetan los derechos humanos. Se debe terminar con acciones y omisiones que violentan los derechos humanos.

Es innegable la necesidad de revisar la estructura institucional, con el objeto de rediseñar el marco normativo, rescatar el trabajo que ha dado frutos positivos, corregir aquello que amerite cambio, a fin de reorientar los esfuerzos institucionales, por la protección y defensa de los derechos humanos.

Pero también, es necesario reconocer que la CNDH no puede, no debe y no va a sustituir instituciones de las distintas esferas del poder público que tienen una responsabilidad.

La CNDH, como organismo autónomo, requiere el nombramiento de una persona comprometida con los derechos humanos, independiente, con capacidad de decisión. No basta conocer los derechos humanos, hay que procurarlos, defenderlos y garantizar la aplicación de las leyes, de sus herramientas, para establecer el estado de derecho. Hay que utilizar los recursos para supervisar y dar seguimiento permanente.

El perfil idóneo debe contar con capacidad para reconocer los derechos humanos de todos por igual, sin otorgar licencias de tolerancia –bajo ninguna circunstancia-, para el vandalismo creciente, disfrazado de protesta social que afecta a los demás.

Debe procurar y defender los derechos humanos, con estricto apego al Estado de Derecho, con interlocución constante con todos y cada uno de los integrantes de la sociedad civil y los diferentes sectores sociales. Acciones, más que palabras.

Ser sensible ante las legítimas demandas, sin que ello implique ser rebasado por las manifestaciones de repudio que alteren, violenten o peor aún, hagan cómplice a la autoridad encargada de la seguridad pública, so pretexto de disminuir o beneficiar las tensiones sociales, vía la impunidad.

Vivimos en una sociedad cada vez más informada, hay un importante despertar cívico, y los habitantes demandan de los servidores públicos, honestidad, congruencia y capacidad para decidir con responsabilidad y cumplir con sus obligaciones, sin simulaciones, ¡con autoridad!

Autoridad y confianza que se ganará con hechos y acciones concretas.

Debe estar al margen de apetitos políticos, filias o fobias; debe deslindarse de servilismos, para aplicar la ley con justicia y garantizar los derechos humanos a todos los mexicanos.

Las tareas en el corto y mediano plazos son múltiples, desde la atención, seguimiento y evaluación del ejercicio de la administración pública, sean actuaciones, negligencias u omisiones, hasta la procuración al derecho a la información pública, oportuna, clara, transparente, que sea reflejo de la rendición de cuentas.

SENADORAS Y SENADORES,

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce los esfuerzos legislativos en la construcción de la terna que se somete a consideración de este Pleno.

Anunciamos desde esta tribuna, que impulsaremos la conformación de un Observatorio Legislativo, para dar seguimiento a las acciones que defiendan, garanticen y procuren los derechos humanos.

Se requiere orden, organización y vocación de servicio, para fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuenten con nuestro compromiso ineludible y responsabilidad legislativa.

Con toda claridad y honestidad intelectual, manifiesto a nombre de mi Grupo Parlamentario, que estaremos atentos al desempeño y actuación de la o el titular de la CNDH.

La credibilidad institucional sólo se logrará cuando se respete la ley, cuando se defiendan y procuren los derechos humanos.

MUCHAS GRACIAS.