* Anuncian foros para 16 y 17 de diciembre en Los Reyes y Chalco para construir una propuesta ciudadana alterna a los 10 puntos de Peña. Convocan a una movilización el 5 de febrero contra la impunidad

México, D. F., a 4 de diciembre de 2014

La Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS) se pronunció en contra de la recién aprobada Ley de Movilidad, conocida también como Ley Antimarchas, al calificarla como un intento del gobierno de acallar la voz de la sociedad civil organizada que ha despertado por las condiciones de violencia e inseguridad que afectan a toda la República.

“Hoy se intenta a través de esta ley, imponer una situación de no poder utilizar algunas vialidades para manifestarse. La manifestación es la inconformidad que sale por ese medio, que se manifiesta y ojalá siga siendo por este medio y no por la violencia”, expresó Nicolás Vázquez al recordar que esta situación de conciencia ciudadana se destapó con la desaparición de los normalistas, pero sobre todo ante el cansancio de la ciudadanía por la impunidad y corrupción en todas las esferas de gobierno.

“Los 43 y los 11 han destapado una situación, en donde la cloaca ya se llenó, la porquería está brotando y desafortunadamente hoy, la porquería está en todos los niveles de gobierno”, expresó el representante del sector transporte, en compañía de Elí Homero Aguilar, Valentín González Bautista y Eduardo Alemán, quienes lamentaron que las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña para reconstruir el estado de Derecho, sean sólo medidas “cosméticas” puesto que no combaten de raíz el problema de la inseguridad y violencia que permea en todo el país y que se llama corrupción.

Valentín González Bautista destacó que precisamente dos días antes de que el presidente anunciara su decálogo se reunieron con el fin de tomar decisiones inmediatas a partir de la acción organizada de distintos grupos de la Zona Oriente del Distrito Federal y en esa asamblea, “a petición de nuestros agremiados decidimos no ser más espectadores, porque los municipios deben dar respuestas claras a esta exigencia”.

Eduardo Alemán explicó que mientras subsistan entre otros temas el famoso fuero para funcionarios y legisladores, la corrupción e impunidad para evitar la aplicación de la ley y la lucha de poder entre grupos políticos y económicos, medidas como las propuestas por el primer mandatario no tendrán ningún efecto, cuando lo único que haría falta es que se aplicaran las leyes vigentes en todos los niveles, sin excepciones.

En este contexto, recordaron los recientes escándalos suscitados por la situación de la Casa Blanca y otra propiedad del Grupo Higa que gozó el presidente o la cancelación de la licitación del tren rápido a Querétaro, por la que se pagaron 16 millones de dólares en una decisión unilateral del Ejecutivo, lo que indicaría que el procedimiento mediante el cual se realizó la licitación simple y llanamente fue truqueado o manoseado, aventuraron.

“Nosotros si estamos cansados pero estamos cansados de la ineficiencia, de la corrupción, de la impunidad. Si estos puntos se van a aplicar tiene que ser desde el más alto nivel. Ojalá la gente consciente siga manifestándose en las calles y siga diciéndole a sus gobiernos que están hartos”, reiteraron los convocantes, tras anunciar que el próximo 5 de febrero realizarán una movilización para protestar en contra de la impunidad que prevalece en todo el país, por lo que convocaron a otras organizaciones civiles a sumarse a las acciones que realizarán las más de 100 organizaciones integrantes de AMOS.

“El 5 de febrero, haciendo uso a nuestra libertad de expresión saldremos a la calle para decirle al gobierno ya basta de impunidad, ya basta de intolerancia”, reiteró Elí Homero Aguilar, quien anunció también los primeros 2 foros que realizará la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, los días 16 y 17 de diciembre en Chalco y Los Reyes La Paz, a fin de construir una propuesta ciudadana alterna a la gubernamental para reestablecer la paz y combatir al crimen organizado en todo el país, iniciando por la zona oriente del Valle de México.

El frente de agrupaciones recalcó que el decálogo del presidente es parte de una simulación para intentar limpiar su imagen ante el exterior, mientras que en el interior los ciudadanos no podemos percibir una verdadera voluntad política, ni la intención de frenar estos crímenes de Estado y castigar a los responsables.

Finalmente, insistieron en que si hubiera voluntad política para cambiar los problemas de seguridad y violencia, el presidente Peña Nieto no hubiera salido con un decálogo que es más de lo mismo, sino que empezaría a aplicar las leyes que ya existen porque se dice que la Constitución Mexicana es una de las mejores a nivel mundial, pero que hoy es letra muerta, “tienen que empezar por aplicar la ley a todos los niveles, sin excepciones; sólo así se podrá contrarrestar la impunidad y la corrupción que son el alimento diario de estos grupos criminales”, concluyeron.