Directivos de la empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala (USU) podrían ser sujetos de responsabilidad penal, en caso de comprobarse de manera plena que vendieron concesiones a transportistas entre 130 mil y 250 mil pesos, advirtió la secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, Gisela Santacruz Santacruz.

Como lo establece la Ley local en la materia, a quien se le otorgue una concesión la tiene que explotar y si la dejara de usar procede la cancelación, pero tampoco puede comercializarlas de ninguna manera pues cometería daño patrimonial al Estado.

Es por ello, dijo, que los 60 permisionarios que hace unos meses se separaron de USU por diversas irregularidades, ahora están en litigio individual para hacer valer sus contratos, aunque en teoría no pueden explotar esas placas porque ya no están dentro de la empresa concesionaria original.

De hecho, indicó que esas 60 láminas de transporte público de pasajeros se encuentran en proceso de cancelación ante la SECTE, aunque los interesados todavía podrán eventualmente defenderse ante diversas instancias jurídicas.

Gisela Santacruz remarcó que, mientras se desarrolla todo ese procedimiento administrativo, los “disidentes” de USU pueden seguir trabajando de manera normal hasta que haya algún resolutivo definitivo.

El costo de de una concesión es igual a 380 días de salario, recordó la funcionaria estatal, por lo que venderlas hasta en 250 mil pesos supone un delito.