Por el delito de fraude, en virtud de que incumplió al pago de un préstamo por la cantidad de 2 millones de pesos, José Gilberto Tomás Mejía Brito y/o José Gilberto Mejía Brito, fue aprehendido por la Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y recluido en el Centro de Reinserción Social.

Su aprehensión fue posible gracias a que el Agente del Ministerio Público integró debidamente la Averiguación Previa con las pesquisas realizadas por oficiales de la Policía de Investigación y diligencias practicadas por peritos.

Lo anterior, ya que en octubre de 2013, el agraviado le prestó al probable responsable la cantidad de 2 millones de pesos, para ello ambas partes firmaron un convenio, en el cual el inculpado dejó en garantía un terreno denominado “La Capilla” ubicado en el municipio de Tetla, en caso de que no saldara su deuda.

Posteriormente, el afectado descubrió que la propiedad no cubría el capital prestado; además, de que el terreno que le fue garantizado ya se encontraba hipotecado.

Por lo anterior, el defraudado acudió a la entonces Agencia del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) donde interpuso la denuncia correspondiente.

Por ello, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, emitió la orden de aprehensión dentro del proceso 378/2014 por el delito de fraude.

Con el mandamiento judicial, los detectives se abocaron a la localización del probable responsable y, gracias a su labor de investigación, determinaron que Mejía Brito podría ser ubicado en el estado de Puebla.

Con esta información y con la orden de colaboración correspondiente, el 5 de febrero del año en curso, ubicaron en la plaza Las Palmas a un hombre cuyas características fisionómicas coincidían con las del sospechoso.

Ante esta situación se aproximaron al individuo y al corroborar que se trataba de José Gilberto Tomás Mejía Brito y/o José Gilberto Mejía Brito, informaron la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso) desde donde enfrentará su proceso legal.

Estas acciones de revisión se sustentan en las líneas de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece que, para sustentar el desarrollo del Estado, es preciso dar prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una convivencia pacífica y estable de la sociedad.