Por Gerardo Santillán

TLAXCALA, Tlax.- De la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2014 por 12 mil 263 millones 103 mil pesos, nueve mil 302 millones serán para el Poder Ejecutivo, 218 millones 820 mil pesos para el Legislativo y 178 millones 970 mil pesos para el Judicial; sin embargo, a los organismos autónomos se les plantea una disminución de 54.9 millones de pesos debido, específicamente al IET porque no será un año electoral

De acuerdo con el documento consultado vía electrónica en la página web del Gobierno del Estado, el gasto del Ejecutivo crecería en 294 millones de pesos con respecto al que tuvo en este 2013; el Congreso no tendría ningún incremento, el Judicial solo cinco millones más, 85.6 millones de pesos más para los 60 municipios y 54.9 millones de pesos menos para el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) en virtud de que no será año comicial.

El viernes pasado, el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Ricardo García Portilla, entregó la iniciativa en cuatro anexos al presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Tulio Larios Aguilar, por lo que ahora corresponde a los diputados realizar el análisis correspondiente y aprobar el presupuesto general del próximo año.

Los 12.2 mil millones de pesos proyectados del gasto estatal, representan un incremento de apenas 2.75 por ciento en comparación al del año que corre, es decir, 327.8 millones de pesos más. En 2013 se ejercieron 11 mil 908.3 millones de pesos.

Según la propuesta del Gobierno de Mariano González Zarur, los 60 ayuntamientos ejercerán durante 2014, dos mil 358 millones de pesos; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se le programaron 17.8 millones de pesos y 93.2 millones a la  Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

El gasto del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) quedaría en 44.2 millones de pesos; 10.7 millones a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax); y 7.8 millones de pesos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Estado.

En su momento, el secretario de Planeación y Finanzas, Ricardo García, aseguró que la iniciativa presentada es responsable y apegada a la realidad económica del estado y del país, además de que no se tienen considerados nuevos impuestos y la tenencia vehicular seguirá sin cobrarse.

“El Gobierno del Estado asume el compromiso de encabezar la transformación del entorno económico, político y social, para que de manera conjunta con la ciudadanía, tengamos un Estado más próspero. Esta administración reconoce la importancia y la necesidad de replantear los programas y las políticas de gasto y orientarlas a resultados, para garantizar que cada peso del presupuesto de egresos gastado signifique un peso invertido en el futuro. Asimismo, reconoce que para alcanzar los objetivos planteados, se requiere la colaboración de los ciudadanos”, se indica en el documento.

En lo que se refiere a la distribución de recursos por fuente de financiamiento, se observa el incremento en el Ejecutivo de 294 millones de pesos, de los cuales 204 millones de pesos corresponden al ramo 33. Por el rubro de las participaciones se incrementa por el orden de 28.6 millones de pesos motivado por el Fondo General de Participaciones. Por lo que hace al incremento de los 60.5 millones de pesos de los ingresos propios se originan de la disminución en los Organismos Autónomos y la reorientación a otros sectores.

También destaca el hecho de que el Sistema Estatal DIF obtendrá un presupuesto por 40 millones de pesos, con la finalidad de atender a la población vulnerable y a su vez complementar los programas federales que opera dicha institución, con tal de erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad.

Asimismo, se propone la asignación de un apoyo financiero por 50 millones de pesos a la Dirección de Pensiones Civiles de Tlaxcala, a efecto de ser destinados al fondo de constitución de reservas de los actuales y futuros pensionados y jubilados, así como continuar con la autorización de préstamos personales a los trabajadores al servicio del Estado; igualmente 20.8 millones de pesos para el programa de aportación Fideicomiso Pago, dirigido a resarcir el menoscabo económico de familias que invirtieron su patrimonio en cajas financieras populares que las defraudaron.