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Adriana

PARA LA EFICIENCIA ES FUNDAMENTAL INVESTIGAR Senadora Adriana Dávila Fernández

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La semana pasada, los mexicanos conocimos de dos casos relevantes que deben alertar sobre la dimensión del combate al delito de trata de personas en México: uno, es la venta de menores de edad, en el que presuntamente se encuentra involucrado personal del DIF en el estado de Sonora, y el otro es el referente a la detención de presuntos responsables de una organización delictiva de alcance trasnacional dedicada al tráfico de personas en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

En Sonora fue descubierta una banda de traficantes de menores de edad y se logró recuperar a 9 niños; hasta el momento, están consignadas 16 personas presuntamente involucradas en los probables delitos de sustracción y tráfico de menores -2 servidores públicos y 14 son parejas y madres solteras- que se supone recibieron fuertes sumas de dinero (desde 80 y hasta 150 mil pesos) por la obtención ilegal de un bebé.

Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad, subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la Línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años de edad, asesor jurídico del Sistema DIF estatal e integrante de la Unión Ganadera Regional de Sonora, son los servidores públicos imputados, que por tener acceso a la información de personas y parejas que estaban en lista de espera para adoptar, se beneficiaban económicamente a cambio de entregar niños a padres de familia, con todo y documentación para registrarlos como sus hijos biológicos.

Desde el 2012, se aprovecharon de mujeres en estado de vulnerabilidad, a punto de dar a luz en el Hospital de la Mujer, dispuestas a entregar a sus bebés. Al respecto, el procurador general de Justicia del estado señaló que continúa la investigación y búsqueda de más menores desaparecidos.

Ante los hechos denunciados -que seguramente no sólo se circunscriben a esta entidad federativa- nos enfrentamos a la delicada situación de una evidente desarticulación entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en lo que es la detección y la sanción de delitos tan graves como la trata de personas y explotación.

Vale la pena destacar que a la fecha contamos con una buena cantidad de ordenamientos que garantizan los derechos de las personas menores de edad y hasta los 18 años; mientras los operativos y acciones de las autoridades responsables del combate al delito de trata de personas sólo se enfocan a conductas sexuales, ocurren cientos de casos como éste, o como lo sucedido en Casitas del Sur o Mamá Rosa, que por cierto, siguen sin respuesta alguna para niñas y niños que han sido víctimas.

Lo cierto es que hay que esclarecer la configuración del delito de trata de personas, pues es evidente la comercialización de seres humanos, así como la posible explotación de mujeres con fines de reproducción, aprovechándose o no de su situación de vulnerabilidad.

La falta de investigación y trabajo de inteligencia no permiten identificar y desarticular redes de delincuencia que se dinamizan cada día, a pesar de las graves inconsistencias de la ley vigente en materia de trata de personas, que no configura la explotación de mujeres para tener hijos y separarlos de ellos, y que también es ambigua e imprecisa en cuanto a la explotación con fines de adopción ilegal; es obligación de las autoridades aplicar la legislación nacional e internacional que supla estas deficiencias y vele por el interés superior de la infancia y de la mujer.

El otro acontecimiento es sobre el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que, con un trabajo conjunto con autoridades de Guatemala y El Salvador, así como el apoyo de los Estados Unidos, hizo posible la detención de presuntos responsables de una organización delictiva –de alcance trasnacional-en Guerrero, Oaxaca y Puebla, dedicada -entre otros delitos- a la trata de personas de migrantes, que eran trasladados por vía marítima a Salina Cruz, Oaxaca y, posteriormente por vía terrestre a distintas entidades federativas para terminar en la frontera norte del país. Entre sus víctimas había niños que no estaban acompañados.

La PGR detalló que el trabajo realizado es producto de una investigación emprendida desde hace meses por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), conjuntamente con la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO). La investigación incluyó el cateo de 10 inmuebles en donde se aseguró dinero, tarjetas, documentación bancaria, vehículos, teléfonos celulares y armas de fuego.

Es importante destacar que la SEIDO, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, coordinó las acciones; adicionalmente se apoyó en el Sistema de Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, es decir, para estos resultados se realizó un trabajo de investigación coordinado de inteligencia, de seguimiento para identificar los elementos delictivos, configurar los delitos y así lograr desarticular la organización criminal.

Además de los hechos comentados, como presidenta de la Comisión ordinaria Contra la Trata de Personas del Senado de la República, agregaría con preocupación lo que se señala en el Reporte Anual sobre Trata de Personas 2015 (caso México), del Departamento de Estados Unidos, sobre que “En muchas partes del país los esfuerzos de la ley se enfocaron en investigar los bares y clubes nocturnos por irregularidades administrativas, en lugar de generar operativos con base en inteligencia en contra de los tratantes.  Organizaciones no gubernamentales reportaron que la ambigüedad de la ley ocasionó que  algunos oficiales buscaran a la gente involucrada en la prostitución en lugar de buscar individuos sometidos por medio de la fuerza, el fraude o la coerción”.

Esto significa que en el país hacen falta estrategias de investigación y coordinación entre dependencias para impulsar políticas públicas que permitan prevenir, sancionar y erradicar cualquiera de las formas de trata de personas con fines de explotación.

En el esquema ideal para alcanzar la eficiencia contra los delitos en esta materia, deben incluirse investigaciones a fondo y modificaciones al marco jurídico vigente. Los trabajos de inteligencia e investigación son fundamentales para resolver con eficiencia los casos señalados y poner a disposición de las autoridades correspondientes a los tratantes.

Los operativos no deben quedarse en el plano mediático, de reflectores que poco abonan a la impartición de justicia para las víctimas.

De igual forma, y a la luz de los hechos, las autoridades deben realizar operativos para perseguir los delitos denunciados, en el caso de los menores de edad. Pero no se deben omitir a los Jornaleros de San Quintín o los recién liberados de Coahuila.

En todos ellos, debe subrayarse que no se cuenta con un seguimiento puntual en las investigaciones. No hay respuestas concretas.

A pesar de las graves inconsistencias y omisiones del texto vigente en materia de trata de personas, pues no se configura la explotación de mujeres para tener hijos y separarlos de ellos, también es ambigua e imprecisa en cuanto a la explotación con fines de adopción ilegal; es obligación de las autoridades aplicar la legislación nacional e internacional que supla estas deficiencias para velar por el interés superior de la infancia y de la mujer.

Con respecto al tema migratorio, es prioritario esclarecer la configuración del delito de trata de personas, pues es evidente la comercialización de seres humanos, así como la posible explotación de mujeres con fines de reproducción, aprovechándose o no de su situación de vulnerabilidad.

En el Senado de la República existe preocupación porque las autoridades responsables de prevenir, perseguir, investigar, sancionar, inhibir y erradicar el delito de trata de personas, no cuentan con un instrumento jurídico robusto que les permita cumplir con su cometido.

Es urgente continuar con los procesos de investigación para desarticular las redes delictivas nacionales e internacionales; no se debe olvidar que son delitos muy lucrativos que con seguridad, transitan y operan en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana.

Para el ejercicio legislativo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores se presentarán las propuestas de modificación correspondientes, que atienden las observaciones, comentarios y propuestas de los especialistas en la materia, autoridades responsables, académicos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la ley vigente.

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ALIANZA PRI-PT-MORENA POSTERGA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL Y MANTIENE PRIVILEGIOS A LEGISLADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS

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  • En su cálculo político, buscan cuidar la espalda de sus candidatos, en el hipotético caso de que alguno pudiera ganar la Presidencia de la República

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a las bancadas del PRI y del PT-Morena de aliarse para congelar la minuta de la Cámara de Diputados, que elimina el fuero a legisladores y servidores públicos.

“Priistas y petemorenistas simulan interés en retirar ese privilegio al manifestar en público estar a favor de la iniciativa, pero se oponen en comisiones a dictaminarla y someterla al voto del pleno del Senado de la República”, sostuvo el senador Daniel Ávila Ruiz.

El senador por Yucatán llamó al PRI y al PT-Morena que dejen de simular y hacer un esfuerzo, de cara a la sociedad, para eliminar el fueron del que gozan, desde el Presidente de la República, hasta el resto de los servidores públicos del primer, segundo y tercer niveles, al igual que los legisladores locales y federales.

Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández, dijo que el acuerdo PRI-PT-Morena de postergar el análisis y discusión de la minuta demuestra que la iniciativa sólo fue una patraña electorera, impulsada por los priistas a partir de una propuesta de su candidato a la Presidencia de la República.

“Lo más grave es que sean los propios priistas, aliados ahora con los petemorenistas, los que descalifiquen el trabajo avalado por los diputados de su partido”, dijo.

La senadora por Tlaxcala manifestó que, en su cálculo político, priistas y petemorenistas, buscan cuidar la espalda de sus candidatos, en el hipotético caso de que alguno pudiera ganar la Presidencia de la República.

“En mi experiencia, en los casi seis años de estar en la Cámara de Senadores, he visto esta jugada. Y yo lo he dicho con todas sus letras: estoy convencida de que este tema fue operado electoralmente, concretamente, para un candidato”, comentó la senadora Dávila Fernández.

A su vez, el senador Jorge Luis Preciado dijo que lo más probable es que la minuta duerma el sueño de los justos y no se cumpla con uno de los reclamos más importantes de la sociedad, que es acabar con los ciudadanos de primera y de segunda.

“Lo que estamos viendo es que el PRI, aliado con el PT-Morena, está engañando a la sociedad con una iniciativa que se aprueba con diligencia en la Cámara de Diputados, pero que encuentra trabas en el Senado, con todo tipo de pretextos”, subrayó.

La bancada de Acción Nacional presentará en la sesión ordinaria del Senado de la República, convocada para el lunes próximo, un voto particular para exigir que la minuta se dictamine y vote en los términos enviados por la Cámara de Diputados, antes de que se declaren concluidos los trabajos del presente periodo ordinario de sesiones.

En la sesión del jueves, los senadores de Acción Nacional insistieron en que las comisiones de Puntos Constituciones, Justicia, Estudios Legislativos y Reforma del Estado dictaminaran la minuta sin modificar el texto enviado por los diputados, pero las bancadas del PRI y PT-Morena argumentaron que su contenido estaba mal hecho, pese al aval dado por los diputados de sus partidos, y que era necesario hacer consultas con técnicos y constitucionalistas, pero sin definir fechas ni procedimiento.

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Llegó a #Tetla la Campaña “Hagamos un Trato Contra la Trata” que impulsa Adriana Dávila *Acciones preventivas eficientes para combatir el delito

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 Por Jesús Hernández

Tetla de la Solidaridad, Tlax.- La Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, dio continuidad a la campaña “Hagamos un Trato Contra la Trata”, que inició el pasado mes de octubre, y que tiene el propósito de informar a los servidores públicos de los ayuntamientos sobre sus obligaciones y responsabilidades en el combate a este delito.

Ante el alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, directores jurídicos, de la policía y DIF municipal, regidores, asesores, presidentes de comunidad y trabajadores en general, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, indicó que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, por tanto, es necesario diseñar y ejecutar acciones de prevención para proteger a las personas ante cualquier daño físico o moral.

Sugirió a los participantes de esta campaña buscar estrategias para detectar o en su caso combatir este delito en sus comunidades, de la misma manera para fomentar la cultura de la denuncia; para ello, entregó cartillas y carteles informativos para distribuirlos entre la población

En respuesta, los servidores públicos se comprometieron a organizar pláticas  con padres de familia, maestros y estudiantes del nivel básico y media superior para alertar y proteger a niñas, niños y adolescentes vulnerables.

Por su lado, el alcalde de Tetla, Eleazar Molina Pérez, agradeció la presencia de la Senadora Adriana Dávila y reconoció el desempeño que realiza en la Cámara Alta para que en México exista una ley que garantice un ataque frontal a la trata de personas en todas sus modalidades, castigar a los delincuentes y atender a las víctimas, sin simulaciones.

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Integró Ricardo Anaya a Adriana Dávila a su equipo de campaña

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*Es coordinadora de promoción del voto

Convencido de que el talento, la capacidad y el trabajo de sus integrantes serán la clave que le permitirán triunfar en las elecciones del próximo 1 de julio, el candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dio a conocer a los nombres de su equipo de campaña, entre ellos, Adriana Dávila Fernández.

La Senadora por Tlaxcala, fue designada por el candidato presidencial como coordinadora de promoción del voto, por lo que de manera inmediata se incorporó a los trabajos y a la estrategia de campaña.

Entre los nombramientos destacan representantes de la sociedad civil, del mundo académico y militantes de los tres partidos de la coalición PAN, PRD, MC; además de que fue integrado de forma paritaria por mujeres y hombres.

La panista tlaxcalteca se sumó al equipo del Candidato de la Coalición “Por México al Frente” con el compromiso de trabajar sin descanso durante los próximos tres meses y con la responsabilidad de ganar la confianza de los electores, a fin de que emitan su voto a favor de la coalición ganadora, que encabeza Ricardo Anaya Cortés.

La lista de quienes integran el equipo de la campaña presidencial de la Coalición Por México al Frente es la siguiente:

  • Coordinación Nacional Ejecutiva: Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado.
  • Coordinación Política: Santiago Creel
  • Coordinación de Acuerdos de la Coordinación Nacional Ejecutiva: Mariana Gómez del Campo
  • Coordinación Estratégica: Jorge Castañeda
  • Coordinación de Pueblos Indígenas: Xóchitl Gálvez
  • Coordinación del Gobierno de Coalición: Miguel Ángel Mancera
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Cecilia Soto
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Patricia Mercado
  • Consejo Asesor de ex Candidatas Presidenciales: Josefina Vázquez Mota
  • Coordinación de la Comisión Política del PAN: Rafael Moreno Valle
  • Coordinación de Alianzas y Consejos Ciudadanos: Jesús Ortega
  • Coordinación de Propuesta y Programa de Gobierno: Salomón Chertorivski
  • Coordinación de Voluntariado: Cecilia Romero
  • Coordinación de Mensaje y Comunicación: Fernando Rodríguez Doval
  • Coordinación de Comunicación Interna: Kenia López
  • Coordinación Operativa: Edgar Mohar
  • Coordinación de Opinión Pública: Rosa Icedo
  • Coordinación de Enlace Internacional: Laura Rojas
  • Coordinación de Asesores: Agustín Basave
  • Coordinación de Análisis Político: Alfredo Figueroa
  • Coordinación de Relato Político: Lucía Riojas
  • Coordinación de Vivienda y Desarrollo Urbano: Víctor Manuel Borras
  • Coordinación de Enlace con Migrantes: Pilar Lozano
  • Coordinación de Defensa del Voto: Ernesto Ruffo
  • Coordinación de Campaña sin Candidato: Madelaine Bonnafoux Alcaraz
  • Coordinación con Campaña Ciudad de México: Héctor Serrano
  • Coordinación con Campaña Estado de México: Héctor Bautista
  • Coordinación de Promoción Política: Marisol Vargas
  • Coordinación con Campañas Locales PRD: Jesús Zambrano
  • Coordinación con Campañas Locales PAN: Adriana Aguilar
  • Coordinación con Campañas Locales MC: Francisco Melo
  • Coordinadora de Promoción del Voto: Sonia Mendoza
  • Coordinadora de Promoción del Voto: Adriana Dávila
  • Coordinación de Mujeres PAN: Marcela Torres
  • Coordinación de Mujeres PRD: Angélica de la Peña
  • Coordinación de Mujeres Movimiento Ciudadano: Claudia Trujillo
  • Coordinación de Medio Ambiente: Silvia Garza
  • Coordinación de Agenda: Luis Antonio Rangel
  • Asesor de Comunicación: Rubén Aguilar
  • Coordinación de Relaciones Estratégicas: Marco Adame
  • Asesor: Alejandro Chanona
  • Abogado General: Eduardo Aguilar
  • Coordinación de Atención Ciudadana: Fernanda Lazo
  • Coordinación de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: Juan Carlos Romero Hicks
  • Coordinación de Agenda Mediática: Estephany Santiago
  • Coordinación de Relación con Organizaciones de la Sociedad Civil: Rogelio Gómez Hermosillo
  • Coordinación de Evaluación y Seguimiento: Micaela Rubio

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